Pasión por la abogacía

Drones. Requisitos y límites

La reciente aparición de los drones en el mercado ha generado un gran revuelo y ha provocado que la Administración pública, el sector Jurídico, la Aviación o el sector Asegurador se hayan puesto a trabajar rápidamente para adecuar el uso de estos aparatos.

El Gobierno español redactó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio con el fin de regular el uso de las aeronaves civiles no tripuladas. En éste y, concretamente en el artículo 50, se sitúa a los drones como aeronaves pilotadas por control remoto de peso inferior a los 150 kilos al despegue.

Existen una serie de requisitos en función del peso del aparato al despegue mediante los cuales los mismos quedan clasificados en tres categorías: aeronaves de más de veinticinco kilos; aeronaves de entre dos y veinticinco, y las de menos de dos kilos. Asimismo, se estipulan una serie de requisitos comunes para todas ellas, así como para los pilotos y las empresas que las operen, que es importante tener en cuenta:

En primer lugar, deben llevar fijada una placa de identificación. En segundo lugar, las operadoras de drones deben contar con un manual de operaciones y un estudio aeronáutico de seguridad para cada operación. Asimismo, los pilotos deberán acreditar que tienen licencia para volar. Finalmente, mencionar que los drones de menos de 25kg al despegue no tienen obligación de constar en el Registro de Matrícula de Aeronaves y disponer de un certificado de aeronavegabilidad.

En todo caso, el operador debe velar no sólo por la aeronave y la operación si no también del cumplimiento de toda la normativa aplicable: la protección de datos, la toma de imágenes aéreas, responsabilidad por daños causados, etc.

Las Autoridades Europeas de Protección de Datos han elaborado además un Dictamen conjunto sobre drones en el que se analiza cómo afecta su uso a la protección de datos y a la privacidad ofreciendo directrices para el cumplimiento de la normativa. El marco jurídico europeo aplicable aparece en la Directiva 95/46, junto con la Directiva 2002/58 de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas.

Por último, señalar que hay actividades de los drones que están excluidas de la misma y del contenido del Dictamen, como por ejemplo el uso de estos aparatos dentro del ámbito personal y doméstico, siempre y cuando no se monitorice de forma constante, ni parcial, un espacio público.

Para más recomendaciones e indicaciones sobre el uso y control de estos nuevos vehículos aéreos --> Ver artículo

05 Dic 2016

Responsabilidad en atropellos de especies salvajes

La modificación de la legislación de Tráfico realizada por la Ley 6/2014 y el posterior redactado adoptado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 aportan una peculiaridad en relación a la responsabilidad en accidentes de tráfico motivados por atropellos de especies cinegéticas, esto es, animales pertenecientes al arte de la caza. En siniestros que presentan esta casuística el responsable de los daños a personas o bienes solamente puede ser el conductor del vehículo, no obstante, si bien antes se consideraba que estos daños eran exigibles a los titulares del aprovechamiento cinegético o a los propietarios de los terrenos cuando el accidente se hubiera producido como consecuencia directa de la acción de cazar o una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado; actualmente esta responsabilidad queda mucho más acotada a un supuesto específico: el siniestro debe ser consecuencia directa de una acción de caza colectiva, lo que excluye el cazador solitario imprudente y nos sitúa en el plano de una batida legal, dedicada a la caza mayor y llevada a cabo el mismo día de caza o durante las doce horas posteriores. Huelga decir la diferencia que ello supone a los propietarios de los terrenos y las asociaciones de cazadores, así como los seguros contratados por los mismos.

Encontramos el redactado actual en la Disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

Disposición adicional séptima. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.

21 Nov 2016

Whatsapp como prueba judicial

Esta semana nos hemos preguntado por el Whatsapp como medio de reproducción de palabra, imagen y sonido en sede judicial y, por ahora, debido a las características de la propia aplicación, no parece una prueba fiable mientras no se resuelvan una serie de vulnerabilidades de seguridad. Dichos mensajes seguramente no sean admitidos como prueba en un proceso judicial por cuanto la aplicación guarda su contenido en una base de datos sin cifrar dentro del terminal móvil al que se puede acceder y editar sin dejar menor rastro y no existe copia en un servidor online. Además, debe respetarse la licitud del modo de obtención de la prueba, por lo que cualquier interferencia o intervención de la comunicación la convertiría en ilícita. Lo leemos en un artículo de Pedro de la Torre Rodríguez en la revista digital de El Derecho --> Ver artículo completo

07 Nov 2016

La obligación de presentar reclamación previa frente la aseguradora

Al no ser aceptable el carácter retroactivo de las normas procesales, la Audiencia Provincial de Girona ha convenido en señalar que la obligación de presentar reclamación previa frente a la aseguradora, como requisito para la admisión de la demanda establecido en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, en la redacción dada por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, solo es aplicable a los accidentes de circulación ocurridos a partir del 1 de enero de 2016.

De esta manera la AP de Girona estima el recurso de apelación formulado por la demandante, revoca el auto del Juzgado que inadmitió a trámite la demanda de reclamación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido el 29 de abril de 2015, por no acompañar a la demanda los documentos acreditativos de la presentación de la reclamación previa a la aseguradora.

El Tribunal señala que el nuevo régimen legal no se limita a aumentar las cuantías indemnizatorias, sino que establece una regulación general que tiene como objetivo mejorar la protección a las víctimas de accidentes de tráfico, y en esa línea se enmarca el citado art. 7 cuando establece que la reclamación previa a la aseguradora no sólo interrumpe el plazo de prescripción, sino que también lo suspende hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada.

Considera la Audiencia que el carácter procesal de dicha norma obliga a tener en cuenta lo dispuesto en el art. 2 LEC en el sentido de que las normas procesales nunca tendrán carácter retroactivo, así como lo dispuesto en la disposición transitoria 4ª CC, en virtud de la cual, en un supuesto como el presente la parte actora puede optar entre la norma anterior o la vigente. Destaca también que la inadmisión de la demanda afectaría de forma dramática a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

En consecuencia, concluye que no tiene sentido exigir, cuando el accidente a que se refiere la demanda hubiere ocurrido antes del 1 de enero de 2016, que se acompañe a la demanda la reclamación previa y ello porque dicha reclamación no era obligatoria cuando sucedió el accidente ni, de haberla efectuado, habría comportado para la víctima los efectos positivos (interrupción y suspensión de la prescripción) que de la misma hace derivar la norma que la impone.

Más información sobre la Sentencia  de la AP de Girona en "Notícias Jurídicas" --> Ver enlace

 

30 Jul 2016

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